ARGENTINA, AVANZA EL AUTOGOLPE |
ACTUALIDAD // Publicado el 19 de mayo de 2020 // 09.30 horas, en Bogotá D.C.
Los forajidos argentinos en ejercicio del poder público, retomado hace menos de un semestre, están en plena ofensiva con su carga de trapacerías. Las que eran de esperar. El poder judicial con fuerte presencia de la facción partidaria que orienta el hijo de la ahora vice presidenta, Máximo Kirchner -grupo que es conocido como “La Cámpora”- opera dentro de ese poder del estado a través de la organización Justicia Legítima. Esta tiene sus afiliados propios y también simpatizantes de entorno en el círculo oprobioso. No administran ni fortalecen a la justicia sino que montan arteras movidas jurídicas dirigidas en pretensión de impunidad para criminales, entre ellos sus jefes. Ademas hacen práctica del “abolicionismo penal”, como se vio en la reciente liberación indiscriminada de delincuentes condenados. Ganaron las elecciones y en efecto “van por todo”, tratando de cooptar la mayor parte o la totalidad si pueden, del tramado administrativo del Estado, no solo de la justicia. Eso es lo que busca la jefa de la “asociación ilícita” -así definida por los propios jueces argentinos- quien no es otra que la ahora vice presidenta Cristina Fernández.
Escribe: Néstor DÍAZ VIDELA
En ese juego de desquicio institucional y maniobras antidemocráticas el papel del presidente Alberto Fernández sería el de mediador obligado y cómplice pasivo pero con capacidad operativa, pues debe presentar una reforma judicial exigida por la otra Fernández. Esa reforma en el espacio de los jueces sería la acción final para la desarticulación de la justicia independiente frente a los otros poderes. El titular del ejecutivo aparece en estas macro jugadas con cuero de cordero patagónico, aunque con garra escondida de zorro también patagónico. Ello a despecho de que no es demostrado pingüino saqueador porque para eso están los otros, los que le dieron la posibilidad de llegar de manera abrupta a la presidencia. Así, de la misma manera como llegó el convicto Amado Boudou, quien fue vice presidente de Cristina Fernández, al igual como lo es el ahora ocupante de la Casa Rosada. Ambos elegidos a dedo por la viuda de Néstor Kirchner.
La pandilla de los forajidos avanza en marcial paso compás con la intención de dar un autogolpe de Estado. No sería por ahora el presidente Alberto Fernández, “el secretario”, la víctima de la conspiración. No, sería por el momento la justicia. Hacia los tribunales van los neogorilas de izquierda, porque ellos entienden que ya están en condiciones de “ir por todo”. Son vándalos por el ADN sistémico que los define, como lo eran aquellos que en la antigüedad y ante la falta de pago por parte del señor feudal o como premio prometido antes de la batalla, acometían con saqueo al sometido. La palabra viene del “saco” que llevaba al costado el ejecutor armado, junto con las vituallas de combate, para cargar con el rédito material de la depredación y el atropello al vencido. El sometido para el caso es el propio pueblo argentino, por voluntad de sufragio autoinfligido. El kirchnerismo es depredador probado de los recursos del Estado y de las formas, símbolos y materialidad de la democracia moderna.
Tienen cómplices dentro del poder judicial, los dejaron desde su gestión anterior, tiempo en que no pudieron completar el asalto en el que ahora están empeñados. En la última hora el que fue vice presidente del estrujado país austral -condenado por numerosos delitos comunes y de Estado- Amado Boudou, estuvo a punto hace pocos días de ser designado como asesor del gobierno de la provincia de La Rioja, en otro desafío a la ciudadanía de bien y a la opinión internacional, que no ignora ni es instrumento del manejo venal de poder en la Argentina. El anuncio oficial al respecto ya lo había hecho el propio gobernador de esa jurisdicción del interior argentino, Ricardo Quintela, otro miembro de la pandilla gobernante. Una eventual designación de Boudou contra toda racionalidad y visión acorde con el bien común, señala sin más predicados el porqué de un país que fue poderoso y respetado, pero que está en camino de convertirse en un país forajido por acción de un sector de su clase dirigente.
Boudou, quien fue funcionario de primer rango en la administración de Cristina Fernández, ya estaba condenado y tenía prohibido volver a ocupar cargo público de por vida. Fue puesto en fecha reciente en prisión domiciliaria, una temeraria decisión judicial por parte de funcionarios de la cordada facciosa de quien ahora es vice presidenta de la nación y “va por todo”. Ese atajo judicial que entre gallos y media noche le brindó impunidad a un Boudou quien fue uno de los principales cómplices y operadores de la megacorrupción que se materializó durante la gestión kirchnerista. Lo que acaba de ocurrir fue la señal de que la vocación de Cristina Fernández es seria y se ratifica que no hay escrúpulos ni se respetarán vallas legales para ejecutarlas. Esa liberación puso en asalto “banzai” el golpe de Estado que se inició en el interior del poder judicial. La secta ideológica que se constituye en La Cámpora -corporación de extremismo ideológico que encabeza Máximo, el hijo de Cristina Fernández- ha estado detrás de mini golpes paralelos durante los últimos días.
Se han cooptado resortes institucionales que no solo manipulan y buscan “dirigir” a la justicia sino además las principales fuentes de recursos y de extensión territorial del Estado. Entre ellas el Anses, la mayor caja del fisco, que distribuye las jubilaciones y pensiones en la Argentina. Allí fue puesta a cargo en una maniobra casi de “comando”, a una radical militante kirchnerista: Fernanda Raverta. En simultánea, la Oficina Anticorrupción dependiente del poder ejecutivo, abandonó su condición de querellante que pesaba sobre la ex presidenta y le retiró acciones a la convicta. Blanco es, gallina lo pone. Ese ente está encabezado por, Félix Crous, un cabeza de termo también faccioso del maximalismo ideológico que abandera Cristina Fernández. Sobre ella pesan 8 -ocho- procesos avanzados por enriquecimiento ilícito y uno por traición al patria. Esto último por la maniobra de encubrimiento a los funcionarios de la embajada de Irán en Buenos Aires.
Cristina Fernández y un grupo de sus funcionarios, son considerados cómplices ex post facto de los operadores de los atentados terroristas contra la comunidad judeo argentina -considerados actos de guerra de la República Islámica de Irán- con luctuosas consecuencias al inicio de la década de los años 90. Nadie duda en el país austral que Alberto Fernández recibió una venenosa encomienda: asegurarse la aventura de ganar unas elecciones presidenciales para las que no tenía esperanzas de triunfo alguno, en lo personal, a cambio de promover e impulsar las estrategias que le permitiesen a la ex presidenta esquivar el asedio judicial cargado de pruebas y testimonios incontrastables. La viuda de Néstor Kirchner puso los votos, su mandadero la cara y el encargo. Es por eso que se señala al presidente Fernández con el despectivo remoquete de “el secretario”. Las recientes liberaciones masivas de presos acusados de crímenes atroces, ola que encabezó el beneficio a Amado Boudou -ocurrido en el inicio de las medidas antipandemia- son parte de esa ofensiva. Ahora se pretende forzar una reforma judicial que completaría la estrategia golpista (aresprensa).
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