ARGENTINA : ¿PAÍS FORAJIDO?

El surgimiento y golpe de la pandemia deja víctimas en todos los campos y sin respeto de linaje. Se pierde la vida de diversas generaciones y todavía no hay nada cierto del cuándo habrá atenuación de la tragedia. Pierde la economía en sus dos polos básicos: producción y consumo. Se pierde el trabajo y las zonas de confort construidas por la modernidad. Pierde la educación aun cuando el soporte tecnológico, tanto como herramienta viable al tiempo que placebo, para “imaginar” que es un buen remedio educativo. Pierde el mundo en general, aunque gane un peldaño de recuperación la naturaleza primaria y pierde la justicia entre los hombres, la que tanto esfuerzo le llevó construir a las generaciones desde el fondo de los tiempos. La impunidad al crimen que ha promovido el extremismo ideológico que pugna por imponerse como “revolución”, en la misma dirección del llamado “abolicionismo penal”, se mueve al contrario del resto de las corrientes de pérdida señaladas como causa del ahora famoso virus. En efecto, en la tragedia encuentra terreno fértil para afirmarse y está en esa lucha desigual con quienes pretenden frenarla, en especial las víctimas de los crímenes. La pandemia es una barricada para que los extremistas busquen impunidad para ellos y sus compinches bajo la cobertura que brindan el recurso doctrinario de los derechos humanos y la protección de la vida.  Eso es  lo que está ocurriendo ahora en la Argentina y se fortalece en Colombia, por encima de las particularidades de cada país y del generalizado fenómeno epidemiológico.

Escribe: Néstor DÍAZ VIDELA

En el país austral la liberación en torrentes de presos por crímenes de diversa índole, incluso espantosos, fue algo que se venía dando desde que fue promovido por la banda delictiva que sigue los lineamientos de Cristina Fernández, ahora de vuelta con poder administrativo para seguir adelante en la tarea de destrucción de la institucionalidad.  En este caso lo hace con la prolongación en el poder judicial que tiene su movimiento y sectores afines. La agrupación de jueces y fiscales de la ex presidenta se denomina “Justicia legítima” y sigue los lineamientos doctrinarios del ex magistrado Eugenio Zaffaroni, quien es además uno de sus defensores, ante la cadena de procesos a los que Fernández se encuentra sometida por el saqueo a la hacienda del Estado argentino. Los perpetrados durante sus dos mandatos previos. Pero su pandilla saqueadora ganó las elecciones del pasado diciembre y puso un presidente a su acomodo, al tiempo que sometido a las condiciones de quien tuvo los votos ganadores.

Esa justicia ilegítima que pretende justificarse por autodenominación de lo contrario, es una evidencia de la perversa visión de estos grupos hirsutos, extremistas, con poder de sufragio soberano y que promueven desde adentro la destrucción de la democracia y de los derechos humanos que dicen defender, en tanto suponen que les pertenecen tan solo a ellos. El nuevo ataque de estos sectores disolventes es otra vez a las golpeados por sus constantes violaciones, que van en contra del sentido común y llegan incluso hasta la vulneración del buen sentido (tal como podría haberlo imaginado Antonio Gramsci, pero al revés). Esa valoración y puesta en ejercicio a contrapelo de la lógica básica, pretende en primer  término la impunidad de Cristina Fernández, su familia y de los bandidos de Estado que conformaron su cohorte durante el ejercicio de poder que verticalizó junto con su cónyuge, el ex presidente Néstor Kirchner. El caso reciente y emblemático -no el único- fue la liberación del convicto Amado Boudou.

Este hombre fue vicepresidente de la Argentina durante el último mandato de la ciudadana Cristina Fernández. Fue elegido a dedo por la ex mandataria, incluso en contra de la consideración de no poca gente de su facción. Pero no había algo que hacer en contra de la caprichosa decisión de la caprichosa lideresa, poco tiempo después de fallecido su marido y en plan de elecciones que se anticipaban victoriosas a su propuesta, como en efecto lo fueron. Boudou llegó desde las antípodas ideológicas  de la izquierda que representaría de manera ondulante el kirchnerismo, pero eso no fue obstáculo para su ascenso de manera abrupta y sugestiva en la pirámide partidaria. Esta última enmascarada en una evocación esquiva con el peronismo histórico aunque mucho más afín con la izquierda radical y el terrorismo, siempre en golpe de oportunidad cleptocrática. La justicia comprobó que el ex vicepresidente era un bandido que podía cubrir todo el arco delictivo y lo condenó. Pero una maniobra legal de las últimas semanas, hecha por operadores afines le abrió las puertas del presidio y lo devolvió a su casa.

Se hizo dentro de la ofensiva del kirchnerismo por hacer visible la impunidad que busca con urgencia. Bajo el llamado a rebato por la ilegal y sombría liberación de Boudou, que fue seguida por un violento motín de presos en la cárcel de Devoto en plena capital federal, se les abrieron las puertas de los presidios a otros más de mil trescientos peligrosos delincuentes. Muchos de ellos condenados por crímenes tan graves como asesinatos -incluso múltiples- narcotráfico, violaciones seriales, en lista incompleta. Todo se hizo con base en argucias de la ley y la violación de la misma, pues se pasó por alto la obligatoriedad que existe, a la letra de la legislación, de informar y consultar a las víctimas de los culpables y de los deudos. Aunque desde el poder legislativo, a través del Observatorio de Víctimas, ya hubo un compromiso con el presidente del cuerpo de diputados nacionales para someter a juicio político a los funcionarios del poder judicial autores de la desmesura, el daño agregado a la sociedad argentina ya está perpetrado. Era esa una promesa de campaña entre dientes por parte de quienes ganaron las pasadas elecciones presidenciales.

Un país que a través de sus autoridades hace caso omiso de la ley y del bien común se convierte en una suerte de república bananera o, peor aun, en un país forajido. En tanto haya una connivencia entre el delito y la subversión política que encarnan las autoridades, o parte de estas, se avanza desde la condición de gobierno de forajidos a la realidad agregada de pasar a ser un estado fallido. El camino que queda al respecto es ahora corto para los argentinos. Las señales de la jefa de la banda, al respecto y como es obvio, también están al margen de la ley. Nadie de su entorno inmediato dice algo en contrario, salvo Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y militar en retiro. Cristina Fernández aplaudió una convocatoria a la violencia de su defensora y asesora del Senado de la nación, Graciana Peñafort. El presidente Alberto Fernández, en tanto, salió en defensa de un funcionario del poder ejecutivo, Horacio Pietraglia, también militante del kirchnerismo y del abolicionismo penal, quien favorece otras liberaciones aberrantes. El cartón de lotería perdedora a la que estos gobernantes juegan con su país queda completa en una evidente catástrofe política y de valores (aresprensa).