Actualidad  //  La Tercera Oreja  //  Publicado el 30 de agosto de 2020  //  15.30 horas, en Bogotá D.C. 

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Aquello que se escucha aunque se diga en voz baja 

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(El chisme no es la verdad, pero sus elementos implícitos pueden ayudar a reconstruirla)

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Esta sección le debe su nombre a un famoso programa radial de misterio que se emitía en Chile por los años 60. Esa es única deuda que tenemos con la prestigiosa radiofonía chilena. Hecho el ajuste de cuentas, debe decirse que, aquí, el espacio está destinado a la picaresca que disuelve nuestra seria política editorial. El único misterio es el propio que encierra todo chisme.

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"...Venezuela resurgirá de sus cenizas, tal como ya lo hizo alguna vez.....el Gato Félix..." (NIcolás Maduro)
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Desenfado es lo que muestra el régimen argentino -que atrapa el poder ejecutivo y parte del legislativo- en la pretensión en marcha para copar al poder judicial. Todo indica que la maniobra busca espacio seguro en el aparato de justicia para eludir la pesada carga penal de los numerosos hechos de corrupción que envuelven y mantienen Sub judice a la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández. Tal maniobra consiste también en negar de manera sistemática en lo público, legal y político, el latrocinio encabezado por el matrimonio presidencial, integrado  por ella y por su cónyuge el fallecido Néstor Kirchner. Además de estos protagonistas hay detrás una hilera de cómplices en el saqueo inocultable a las arcas del Estado, durante la larga década previa en la que estos ejercieron el poder ejecutivo. Durante los meses que corren, en los que la administración de los Fernández se ha ido acomodando al gobierno reconquistado, ya han liberado a varios de sus cómplices presos y a otros de su laya, pero no solo los de cuello blanco sino delincuentes comunes, mientras la inseguridad de la delincuencia a secas se extiende en campos y ciudades argentinas. Es la disolución institucional y el avance a la condición de estado fallido e, incluso, forajido.  

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Avanzan no solo contra el entorno judicial, que en algunas de sus vertientes los arrinconó, sino que ya dieron señal en la misma maniobra de que pretenden imponer la censura a los grandes medios y periodistas. Los mismos que denunciaron y expusieron en carne viva las claves y procesos de saqueo serial que realizó la “asociación ilícita”, según lo determinó en letra la propia justicia. De regreso al control del gobierno vuelve a las mismas la locura autoritaria y dictatorial que ahora pilotea el señor Alberto Fernández como mascarón de proa, quien en ejercicio presidencial sigue la consigna del ”vamos por todo” que perpetró Cristina Fernández en la ronda anterior. Eso de ir por todo es ir contra de las libertades, las instituciones, la democracia y en resguardo de la impunidad que busca la expresidente para los innumerables delitos que ella, su famiilia y sus secuaces, ejecutaron en contra del tesoro público y del pueblo argentino que la eligió, al igual que eligió a algunos de sus cómplices.

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Está en proceso en las cámaras del legislativo la mentada reforma judicial que propone el Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández. La protesta pública y masiva se ha hecho sentir ya con una movilización general que se realizó en días pasados. Aunque también han expresado su desacuerdo el propio poder judicial, a través algunos voceros de la magistratura, el sindicato de trabajadores judiciales -el cual se supone es afín al gobierno- y los principales constitucionalistas del país. Todos los opositores saben que la intención es reconformar la estructura operativa de jueces y fiscales para dar garantías de absolución a los procesos que acosan a la vicepresidente y la tienen con un pie en la cárcel, una vez cumpla su gestión legislativa. En la actualidad Cristina Fernández es la cabeza del Senado y desde allí aseguró la aprobación al proyecto, que todo hace prever tendrá muchas dificultades para salir adelante en la cámara baja.

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Uno de los magistrados que está en capilla dentro de la mega operación de vaciamiento del aparato de justicia argentina, es el procurador de la Nación Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo necesita marginar para apoderarse de la jefatura de los fiscales. Ese vaciamiento debe entenderse como la capacidad de extirpar cualquier forma de neutralidad valorativa, para decidir en derecho, y establecer un control con togados afines a las intenciones de la secta kirchneristas, que presiona desde diferentes frentes y sin escrúpulos de índole alguna. Presiona también desde la organización aliada de la mafia gubernativa, que se autodenomina “Justicia Legítima” y que actúa dentro del aparato judicial. El nombre del grupo es un eufemismo porque ha demostrado ser una logia seguidora del llamado “abolicionismo penal” que abandera en términos doctrinarios el letrado tristemente célebre Eugenio Zaffaroni, quien aún ostenta el cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese abolicionismo en términos doctrinarios sostiene que el delincuente no es responsable de lo que hace porque se trata de “una víctima del sistema”.

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De esa manera se desprotege al ciudadano que trabaja y paga sus impuestos. Vale decir, hombres y mujeres de bien, y en paralelo se justifica tanto como se beatifica a malandros y asesinos, otorgándoles libertad al tiempo que complicidad. Hoy por hoy, el delito y la inseguridad en general han crecido de manera exponencial en la Argentina, en parte como resultado de la injustificable medida de liberar a más de 4 mil presos, de tenebroso prontuario, a poco de asumir en diciembre el actual gobierno. Entre ellos el exvicepresidente de la nación -propuesto a dedo por la expresidenta Cristina Fernández- don Amado Boudou, quien tiene una condena en firme. La doctrina Zaffaroni tiene muchos  seguidores en Colombia y se supone que una sombra de tal lineamiento fue el seguido por la forma de establecer justicia para los delitos de lesa humanidad perpetrados por los dirigentes de las Farc. Algunos de estos criminales actualmente ocupan cargos y dignidades en el congreso colombiano. Por ahora, además de la aprobación en el Senado del remedo de reforma a la justicia, que envió el Fernández presidente formal, en una sesión escandalosa, se busca una transacción exitosa en la Cámara de Diputados nacionales para aprobar la nueva ley.

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No es tarea fácil pues la oposición se afirma en el repudio ya manifestado desde tantos frentes y en el rechazo callejero. Además del procurador Casal la tropa fiel de la vicepresidenta quiere la cabeza de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia para asegurar el derrumbamiento de la resistencia del poder judicial al copamiento que va también por la Corte Suprema. La intención de pretender tan solo una reforma del área penal es porque Cristina Fernández está allí enredada en 20 casos y 11 procesos por corrupción, que no son nuevos en el tránsito por la justicia. El acervo probatorio incontrastable y tan escandaloso como las causas, es considerado tan solo una persecución política por las cabezas del kirchnerismo y sus vasallos de base, beneficiarios de subsidios públicos y prebendas de índole diversa. Bien se sabe que ese tipo de militancia e ideología sociópata, se victimiza en el mismo giro en que victima a otros. En este caso, los desgraciados son la justicia argentina y el país en sí mismo (aresprensa).

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