ACTUALIDAD  //  DOXA *  //  Publicado el 31 de agosto de 2022  //  20.30 horas, en Bogotà D..C.

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El país de la loca geografía se prepara para definir su camino constitucional en un tembladeral político que enmarca los pasos del titular de La Moneda: Gabriel Boric. El primer domingo de septiembre la voluntad del sufragante definirá si acepta o rechaza el texto constiucional elaborado durante casi dos años y todo indica que la respuesta será negativa. Esto es lo que dicen los sondeos, con unos 10 puntos en favor del “no”, de igual forma como los expertos anticipan que el cachetazo de la voluntad electoral pondría en serios aprietos al gobierno de  Santiago, ya  de por sí vapuleado por el  rechazo de las mayorías desde el inicio reciente de su administración. Es el rechazo de quienes son por lo menos impugnadores de la coalición que ganó  las últimas elecciones. Entre ellos están por un lado, quienes rechazan el perfil de izquierda del aún nuevo gobierno aunque sea moderado. Por el otro están los radicales grupos vecinos de la administración en lo ideológico, que incluye a los violentos y con intención secesionista que se mantienen activos en el sur del país. Estos últimos mantienen sus ya conocidas expresiones de pugnacidad criminal y sin asco desde la orilla del terrorismo, que ha obligado a los gobiernos en el pasado reciente a sacar tropas del ejército a la calle en la turbulenta región austral, la Patagonia chilena. Se ha hecho así como voluntad política de respaldo a la asediada policía del país, el legendario Cuerpo de Carabineros. El terrorismo aludido mantiene sus banderas de presuntas reivindicaciones mapuches, comunidades indígenas y mestizas que en el pasado fueron también llamados araucanos. Son grupos que alguna vez tuvieron vínculos estrechos con las Farc colombianas y recibieron del norte de Sudamérica entrenamiento subversivo y apoyo logístico.

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El que su ministra del Interior, Izkia Siches, fuera recibida a balazos en marzo pasado, durante su visita inaugural a la turbulenta Araucanía del sur chileno y el afirmar, en boca del novel presidente, que los derechos humanos no son un tema o propiedad  exclusiva de una opción política sino que estos son universales, lo cual es cierto de toda certeza, fueron dos detalles inaugurales de la gestión que desplazó a los tradicionales grupos políticos que habían controlado a Chile. Esa corriente desplazada, a su vez, había corrido del escenario político a los militares, hace dos décadas. Pero lo grave del momento señala, en primer término, a la situación que provocan los actores armados que agitan las reivindicaciones indígenas y no están dispuestos a acatar ni dialogar sobre propuestas del gobierno de Santiago e insisten en la secesión no solo del sur chileno sino también de la integralidad de la Patagonia argentina, al tiempo amenazada por la sedición. Un panorama para nada claro que debe afrontar el joven presidente austral, quien no ha tenido un día de calma desde que inició su gestión a la salida de un presidente clásico como Sebastián  Piñera. Es poco grato el camino que recorre Boric cuando avanza en el amanecer  del primer tramo de su mandato.

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El nivel de aceptación de su gestión apenas supera  el 20 por ciento de la opinión  y aún no se ha cerrado el semestre inicial de su mandato. Dentro del gris panorama aludido, se agrega otro factor de tensión: el apresamiento de un jefe terrorista que levanta banderas reivindicativas de las minorías patagónicas, lo que agrega calor y riesgo a una gestión que con él a la cabeza, como socialista todo ternura, cubre a los talibanes que lo acompañan. Esos que estuvieron en el kiosco de la Constituyente y la escribieron como propuesta, pero que ahora corren el riesgo de que sea rechazada por la mayoría del país. En efecto, el arresto de Héctor Llaitul suma a la situación un nuevo factor de inquietud en una región que afronta una larga historia de conflictos, ahora con el írrito detalle de la vocación separatista extensa, binacional y de océano a océano. Llaitul es líder histórico de la llamada Coordinadora Arauco Malleco y ha sido puesto a recaudo de la justicia en diversas ocasiones desde 1988, acusado de diferentes delitos vinculados con la organización extremista, que reclama por presuntos territorios ancestrales.

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No es este el único problema de alcance nacional que debe afrontar el novel mandatario chileno. La administración de Santiago bien sabe que el  rechazo a la nueva ley de leyes del país puede ser un factor de desestabilización para su gestión tanto o más grave que el de los mapuches. El cruce de circunstancias lo entrampa sin salida pues es él un protagonista principal del proceso previo a la conformación de la asamblea constituyente, fruto de las violentas movilizaciones masivas de 2019, que alteraron de manera vertical la evolución política chilena desde la vuelta a la democracia, a inicios de los años noventa. Aquellos turbulentas semanas previas al otro golpe inesperado, la pandemia, empañaron el mandato del ex presidente Sebastián Piñera y dieron un vuelco a la tranquilidad aparente de esa sociedad que había tenido un crecimiento y estabilidad que otros gobiernos del vecindario envidiaban. El giro diametral del escenario político austral puso en la cresta de la ola a Boric, el presidente más joven, calificado de “amarillo” por la izquierda acérrima, que alcanzó esa altura en la historia no solo local sino incluso continental.

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Pero el golpe de la ola de rechazo a la política tradicional no ha sido suficiente y cada vez parece peor. Esto hace vulnerable al presidente y al núcleo duro de su gobierno, de tal forma que a menos de un semestre de su mandato debió presentar su renuncia la titular del ministerio de Desarrollo Social, Jeannette Vega. Esto como resultado de una comunicación que tuvo con el extremista Llaitul a poco de su captura y que habría ido más allá de lo aceptable. En la declaración del presidente Boric este justificó la aceptación de  la dimisión en lo necesario de guardar las formas y el fondo de la institucionalidad. Tal crisis  de gabinete es un preanuncio de que vienen días más grises, en especial luego de los resultados de la consulta general del próximo domingo sobre el nuevo texto constitucional. En caso de que ese resultado, como lo indican las encuestas, fuese un revés para la administración y para sus cercanos en lo ideológico. Esto último más allá de los esfuerzos que hace Boric para mantenerse a distancia de sus cercanos de la región que aparecen a la cabeza de gobiernos que no pocos en el mundo consideran “forajidos”, Nicaragua y Venezuela entre ellos.

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Una manifestación artística y de última hora en favor de la propuesta de la nueva ley de leyes terminó el fin de semana pasado con un acto escatológico de desprecio al pabellón chileno y eso poco ayudará a quienes respaldan el “sí”, porque la mayoría de la población chilena no tolera la degradación de los símbolos nacionales, ni siquiera si se hubiesen hecho en la parodia como ópera bufa y con pretensión estética. Pero lo ocurrido en la algarada es una parte de esa cultura desbordada y marginal que erupcionó de las moviizaciones de 2019, la misma que destruyó parte del patrimonio cultural e histórico de Chile, al tiempo que  también desprecia la democracia, y alaba las dictaduras que se han asentado en el continente. Aquella  pueblada prolongada dejó más de 34 muertos y el llamado al plebiscito que se celebró en plena pandemia, el 25 de octubre de 2020. El texto constitucional fue presentado por los constituyentes electos un mes antes del nuevo llamado a las urnas para su aceptación o rechazo, lo que ocurrirá este 4 de septiembre. El texto contenía muchas propuestas radicales, pero estas se atenuaron anticipando el eventual  rechazo popular. Se pretende dejar atrás la Carta magna  que dejó como herencia el proceso militar (aresprensa).

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EL  EDITOR

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* La columna Doxa expresa la posición editorial de la Agencia de prensa ARES   

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