ACTUALIDAD  //  Publicado el 25 de noviembre de 2022  //  17.30 horas, en Bogotá D.C.

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Hace un mes largo el presunto gobierno argentino de Alberto Fernández nombró como ministra de Género a la puntana  –oriunda de la provincia de San Luis- Ayelén Mazzina Guiñazú, una funcionaria  que ocupaba el mismo cargo en la jurisdicción local. El mérito para ambos nombramientos fue en principio el haberse declarado lesbiana de manera pública. Está en todo su derecho el hacerlo, aunque el autorreconocimiento de una condición propia de la ética de la  autenticidad no necesariamente sea un galardón en sí mismo, salvo en el ámbito del golpe de oportunidad política, que el kirchnerismo opera como facción política extrema de la sociedad argentina y tiene en ese y otros golpes un buen acumulado histórico. La cabeza de la cartera para los integrantes de la minoría alterna disfruta del mérito esquivo y también de los elevados salarios del Estado en esos rubros, dentro de una administración que tiene enfrente un panorama de pobreza que alcanza casi a la mitad de la población y de indigencia que avanza hacia el 20 por ciento. Es la cadencia de los tiempos que atenaza a la Argentina, por ahora sin remedio a la vista. En San Luis se perpetran crímenes de lesa humanidad y nadie parece inmutarse, salvo las familias de las víctimas, y un silencio ominoso pareciera taparlo todo como en un agujero negro o una gran fosa común.

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Escribe: Néstor DÍAZ VIDELA

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Si se leen los escritos de Luc Ferry así como los de Charles Taylor, la tendencia “auténtica” de valores arranca en los hechos del Mayo francés (1968) con aquel lema “prohibido prohibir”, entre otros,  y en las comunas hippies de California, por entonces no tan somnolienta, aunque sí alterada por aquello que se llamó “conciencia ampliada” y estimulada por los estupefacientes.  La guerra contra las drogas por entonces apenas se iniciaba. Ha pasado algo más de medio siglo de aquel quiebre temporal y de paradigmas y lo descrito arriba es el resultado de esa ola aún en su cresta que absorbe otros radicalismos hoy menos populares tales como el arcaico de la “lucha de clases”. El mismo que barrió tantos crímenes debajo de la alfombra, tal como lo hicieron los cultores del viejo estalinismo y también los evocadores del terrorismo argentino de Montoneros, ahora con sus sucesores en oficinas gubernamentales, con sueldo alto y relato tan delirante como disolvente. Son esos los que fueron llamados “juventud maravillosa” por Cristina Fernández y no por lo que en realidad se hicieron conocer en su momento: criminales asesinos. La tendencia de la ola ignora estos antecedentes para nada meritorios, a veces por físico desconocimiento y en otras ocasiones porque es mejor mirar hacia el paisaje.

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Dentro del cuadro referido es también pertinente señalar que desde 1983 San Luis está gobernada por una familia que convirtió a la provincia en su feudo. Son ellos los integrantes del clan Rodríguez Saá. Primero gobernó Adolfo, con el advenimiento de la democracia, entre  1983 y 2001; a él le siguió su hermano, Alberto, este todavía encaramado en el control del espacio medieval. Entre ambos hubo otros dos efímeros gobiernos dentro de la misma línea pero con diferentes apellidos: Alicia Lemme y Claudio Poggi. Luego de ese doble interregno la dinastía volvió por sus fueros de casta, en remembranza del caudillo también de nombre Adolfo, conocido como “El Pampa”, quien inició la parábola tribal y gobernó la provincia entre 1909 y 1913. Vale decir, no resulta un eufemismo el señalar que San Luis es un señorío de estos Rodríguez.  La jurisdicción está en el centro geográfico de la Argentina, entre las poderosas provincias de Córdoba y Mendoza, dos de las más importantes y ricas del país. San Luis no es poderosa, ni tan rica como las otras, es apenas una provincia más.  Está localizada a unos 700 kilómetros al oeste de Buenos Aires y sus habitantes son algo más de 400 mil.

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Cifras magras que señalan además que en su capital, con el mismo nombre de la provincia, se suman apenas unos 200 mil los parroquianos. Cualquier barrio poco importante de Bogotá tiene más habitantes que el entero espacio señorial puntano. Estos comparativos son válidos solo para decir que en San Luis desaparecen las personas con un chasquido de dedos o una orden de quién sabe quién y por qué. Al tiempo aparecen asesinadas otras. Se supone que algunos de los numerosos desaparecidos  fueron en realidad asesinados dentro de la jurisdicción en la que reinan los Rodríguez Saá. Al respecto no hay manifestaciones audibles o en letra de las autoridades que deberían mover sus veteranas redes para esclarecer tales hechos. Nadie se inmuta ni alerta en el estado provincial monáquico, de reinado tercermundista, para evitar tales situaciones degradantes, perversas y de riesgo para todos. Los hechos secuenciales, acumulados y de larga data, deberían poner bajo observación a esta provincia argentina de rango feudal en la mira internacional de organizaciones de derechos humanos y entidades multilaterales como la OEA y las mismas Naciones Unidas, entre otras similares. 

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Valga señalar que la nueva ministra de Género que ocupa ahora un sitial de primer nivel en el plano nacional tampoco hizo escuchar su voz al respecto, cuando le correspondió por obligación constitucional al tiempo que local y nacional, además de internacional. Repercusión y atención desde el exterior, porque ya se sabe que el poder en la Argentina actual ha cooptado a los organismos de derechos humanos del país austral y estos responden con silencio al atropello y la coerción, el mismo silencio que tienen los gobiernos regionales afines en lo político. San Luis es parte de la cuerda que se maneja desde la Capital Federal. La última desaparecida en la larga cadena fue la niña Guadalupe Lucero, de apenas 6 años, quien fue vista por última vez jugando frente a su casa, hace 17 meses. No hay rastros de ella ni de las otras desapariciones provocadas por lo que se supone son algunas fuerzas oscuras, que no pocos señalan podrían estar asociadas a la reyecía local. Cabe señalar que en la erosionada monarquía de los Rodríguez Saá no solo están cooptados los asociados a los derechos humanos sino también el aparato judicial y una parte medular de los medios de comunicación. El silencio como parte de la opacidad del poder es estridente.

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Esa dimensión de lo opaco suele transformarse como en estos y otros casos en oscuridad e incluso alcanza lo tenebroso, vistos los hechos señalados y reiterados. En plena pandemia, mientras las máquinas motoniveladoras y grúas del Estado construían terraplenes y fosos para aislar la provincia, una madre cabeza de familia Magalí Morales (abril del año pasado) moría asesinada en una comisaría policial del interior de la provincia (Santa Rosa del Conlara) por haber violado la orden de aislamiento de la gobernación. La víctima había salido a buscar comida para sus hijos. El caso fue tan escandaloso que se supo incluso fuera de la jurisdicción puntana porque las autoridades provinciales trataron de acallarlo como parte de su manejo autoritario y criminal. Los atropellos de los señores feudales y de sus secuaces no terminan ahí. Otra madre cabeza de familia, Eva Teresita Díaz, también ha visto vulnerados sus derechos laborales por parte de quienes ganan elecciones compradas con “platita” y prebendas, bajo consignas y banderas de defensa de los trabajadores, como lo hacía el viejo peronismo del que hoy queda apenas el recuerdo porque el kirchnerismo lo subordinó y pervirtió hasta extremos inconcebibles, como salta a la vista. A Eva Díaz se le negaron sus derechos y se aplastaron sus reclamos, como en cualquier territorio con repugnantes dictaduras de las que no faltan en el Continente.

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La nombrada funcionaria del sistema de salud se desempañaba como alta ejecutiva escalafonada en la Provincia y nunca se le reconoció el rango ni los haberes propios de su cargo. Cuando hizo público su justo reclamo la mujer fue destituida de un plumazo subalterno. Antes de ello, la víctima había recibido el respaldo de la CGT de Colombia, la principal central obrera del país cafetero, mediante un escrito de sus más altos dignatarios dirigido al gobernador para señalar no solo la injusticia sino la violación de derechos y de los pactos internacionales que al respecto ha firmado incluso el estado argentino. Alberto Rodríguez Saá no se dio por aludido frente al llamado internacional y ni siquiera contestó la misiva que la central sindical envió desde Bogotá. La ministra de Género también en este caso de atropello a los derechos de una mujer guardó cómplice silencio. Por el contrario y tal como se señaló, el mandato réprobo de Alberto Fernández ascendió al ministerio nacional a la muda ministra que no tiene lengua en esto de las complicidades que borran sin vergüenza lo que dicen defender. Eso es el kirchnerismo argentino, eso son en San Luis los Rodríguez Saá y sus compinches. Ese es el proceder de estos sátrapas, que va de lo opaco a lo tenebroso por acción de sus oscuras manos que aplastan, niegan y asesinan (aresprensa).

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VÍNCULOS: PETRO, EL MESÍAS  //  BRASIL: LA HORA DE LA VERDAD 

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