ACTUALIDAD  //  LA TERCERA OREJA  // Publicado el 11 de julio de 2023  //  12.00 horas, en Bogotá D.C.

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Es inminente la definición de la Corte de La Haya sobre el litigio de aguas alrededor del archipiélago de San Andrés, fruto de la ampliación de los reclamos que presentó Nicaragua contra Colombia y que es un más allá de la decisión previa del mismo tribunal, que ya perjudicó a este país al quedar con un fuerte recorte de su soberanía sobre el Caribe occidental. Otro fallo en beneficio de las pretensiones centroamericanas afectaría aun más la merma que impacta la presencia sudamericana sobre sus islas caribeñas y pone en aprietos a este gobierno, de la misma manera como puso en igual situación a los anteriores en la década pasada. Por ahora, y como consecuencia de que el fallo no ha sido ratificado ni aplicado de manera plena por el país afectado, la presencia naval sobre las aguas que estuvieron en disputa y finalmente adjudicadas a Managua, siguen siendo patrulladas por naves colombianas y el punto conlleva un riesgo de confrontación.

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Pero ya se sabe que el actual statu quo no se puede prolongar al infinito y el propósito del gobierno que encabeza Gustavo Petro se mantiene en la expectativa de poder negociar un acuerdo que no sea rechazado por el legislativo y la propia población del país. Al respecto un centro de pensamiento en Bogotá ha elaborado un documento que sugiere la posibilidad de un acuerdo que haga una partición parcial de aguas objeto del fallo jurídico. Esto con la esperanza de que lo resuelto en La Haya se haga aceptable, aunque sea con tropiezos, la obligada disminución de soberanía marítima. De lo contrario, la aceptación en concreto de la imposición de la Corte de La Haya se mantendría en el actual callejón sin salida y podría ser la base de un conflicto internacional futuro. Esto debido a que ninguno de ambos gobiernos puede darse el lujo de aumentar el menú de situaciones críticas que afrontan en lo interno e incluso en el plano extraterritorial. El documento referido fue elaborado por la denominada “Mesa de observación y reflexión: Colombia y el Hemisferio”.

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El grupo de análisis y proyección está integrado por personalidades y académicos, tanto colombianos como extranjeros. El material escrito sobre el Archipiélago fue el segundo documento elaborado durante el año pasado. El material fue entregado a fines de 2022 al actual canciller Álvaro Leyva, uno de estos documentos se cedió a pedido del mismo alto funcionario. Pero el Grupo hasta el momento no recibió respuesta alguna de la cancillería colombiana, luego de que los integrantes de la Mesa aceptaran la solicitud que se hizo de manera no oficial. Al margen de las contingencias domésticas en Colombia, las alternativas al respecto, entre Bogotá y sus pares centroamericanos, han sido tensas más allá de las diferencias que existen sobre las delimitaciones. Antes de que asumiera la actual administración de Bogotá las confrontaciones con Managua excedían lo jurídico y diplomático para alcanzar las fricciones por choque ideológico. No obstante que ahora, prima facie, esto debería atenuarse ello no ha ocurrido al tocarse el tema marítimo.

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La cancillería colombiana tuvo un giro de actitud rocambolesca en el absurdo cuando la jurisdicción de la diplomacia colombiana se desligó del acuerdo interamericano en el seno de la OEA, que decidió condenar la violación masiva de derechos humanos en Nicaragua. Eso ocurrió en agosto del año anterior y pocos días después del apoyo tácito por sustracción de materia, el canciller Leyva hizo pública una condena al régimen de Managua que resultó opuesta al teflón que poco antes se había brindado al régimen del maridaje réprobo de Ortega. Fuentes de alta credibilidad informaron a esta Agencia que el retroceso en chancletas de la Cancillería andina en aquella ocasión se debió a que con ingenuidad de gente grande -que suele ser estupidez- y bajo promesa de reserva, Bogotá negociaba la posibilidad de un acuerdo de contenido parecido al escrito de la mencionada Mesa de expertos. Pero Managua rompió el compromiso tácito y divulgó a través de la prensa nicaragüense las intenciones del gobierno de Bogotá.

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En términos generales dicha propuesta frustrada en su germinación, apuntaba a acordar con Nicaragua la aceptación del fallo de hace una década sobre las aguas que habían sido colombianas, en un porcentaje superior al 50 por ciento, aunque con un espacio menor propio para Colombia, dentro de lo concedido a Nicaragua por La Haya; espacios de explotación común para ambos países y reconocimiento de los derechos esenciales y ancestrales de los isleños raizales, además de la protección de la biosfera. La agudización de la pugnacidad entre ambos países desde aquel desplante imprevisto sucedido hace un año hizo retornar la situación al punto cero menos uno en que hoy se encuentra. Nada parece dado como para que las cosas se encarrilen hacia una negociación que pueda dar satisfacción, aunque sea parcial, para ambas partes y por ahora son los nicaragüenses los que siguen teniendo la sartén por el mango. Pero las cosas podrían agravarse para Bogotá si el nuevo fallo del Tribunal con sede en Países Bajos vuelve a golpear los derechos que defiende Colombia.

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Antes de la elaboración del documento sobre las aguas del Caribe, por parte de la Mesa y en el primer semestre del año pasado, el otro soporte de análisis que también se entregó al canciller colombiano versó sobre la por entonces recién iniciada guerra en Europa oriental y sus repercusiones en la región iberoamericana. En la actualidad se encuentra en etapa de elaboración un trabajo sobre la llamada Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y otro más de prospectiva sobre las áreas de tensión posible entre los países sudamericanos y las potencias extrarregionales que se disputan intereses en el subcontinente. El grupo de observación y reflexión está integrado por el ex embajador de Brasil en Colombia, Júlio Cesar Gomes dos Santos, el experto estadounidense en temas paz y conflictos, Steve Salisbury; el ex contralor general de la República, Roberto Hoyos Botero; Armando Borrero Mansilla, quien fue asesor del gobierno colombiano en temas de seguridad nacional; el economista Carlos Meneses y el académico argentino Néstor Díaz Videla (aresprensa).

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N. de la R.: el jueves 13 de julio de 2023 el tribunal de La Haya falló a favor de Colombia y rechazó de plano las pretensiones nicaragüenses, que aspiraban a apoderarse de más espacio marítimo, incluso atropellando los derechos sobre el mar de otros países de la región. Aceptar tales aspiraciones hubiese creado un pésimo precedente para otras regiones del mundo con estados que tienen aspiraciones similares, lo que hubiese aumentado los focos de tensión internacional. Los integrantes de la Corte dieron su veredicto con una mayoría de 13 votos sobre 4. En el fallo de 2012 Colombia había perdido unos 70 mil kilómetros de su espacio marítimo alrededor del archipiélago de San Andrés. La Haya en la nueva decisión también rechazó el espacio marítimo restringido alrededor de las islas colombianas. La argumentación al respecto está escrita en un volumen de 100 páginas y la situación deja a los protagonistas la difícil negociación que queda para la vigencia plena del fallo anterior, que Colombia hasta hoy considera acatable pero “inaplicable”. (19-07-23)

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VÍNCULOS  : ÓSCAR RENTERÍA: NO SOLO LOS GOBIERNOS CENSURAN  //  TROPEZONES TOTALES EN UNA PAZ DISTANTE

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