En el frío pero idílico suroeste cordillerano de la Argentina ha vuelto el terrorismo de los grupos que quieren ser reconocidos como herederos de la etnia y tradición mapuche. Vuelve, vaya casualidad, casi de la mano en el tiempo con la facción kirchnerista, ahora de nuevo al frente de los destinos del país. La misma que en su anterior gestión los protegió y absolvió en términos políticos, y a veces incluso judiciales, sin que ahora varíen su accionar de núcleos tan violentos como lunáticos. Las últimas acciones de los sediciosos ocurrieron el pasado mes de mayo en la patagónica provincia Río Negro, al sur pero no tanto del emblemático Bariloche. Esa otra localidad a orillas del lago Nahuel Huapi, que todos conocen, dado su prestigio y visibilidad internacional. Ellos, los terroristas sediciosos saben dónde golpear y no pierden de vista que lo que afectan con sus acciones vandálicas también lesiona los flujos del turismo internacional, el principal polo de ingresos de la zona, aunque no el único. El terrorismo espanta al ciudadano pacífico y desarmado, en particular al extranjero, porque el espanto es el éxito del terror cualquiera sea su origen. Ahora, los hechos recientes se produjeron a la vera del lago Mascardi, a unos 30 quilómetros al sur de Bariloche.

Las acciones terroristas y de delincuencia común vinculada se iniciaron en 2018 y se han repetido de manera intermitente desde esa fecha hasta el presente. Las últimas se produjeron a mediados del mes pasado. Las acciones más livianas fueron de amedrentamiento a simples pasajeros de automóviles particulares con pedreas sorpresivas de encapuchados, sin miramientos sobre las condiciones de esos vehículos y de las personas afectadas que van en el interior. Pueden ser ancianos, niños, enfermos o mujeres y eso da lo mismo a los inescrupulosos atacantes. Nada interesa a los operadores del terror sobre el perjuicio que infligen a los afectados. Los ataques son recurrentes y la amenaza tácita se mantiene sin que se sepa cuándo se le pondrá término “por la razón o la fuerza”, como dijo alguna vez en sus proclamas don Bernardo O´Higgins.  De allí en adelante la agresión alcanza a máquinas de obras viales móviles de servicio público e ingreso y saqueo a residencias al igual que incendios a esas propiedades. Ni siquiera una iglesia de la localidad más afectada se salvó de los depredadores cuyo fin no es el simple robo. No, el propósito es más ambicioso  y siniestro.

Los pobladores de Villa Mascardi consideran que lo que fue durante décadas un tranquilo villorrio de menos de un centenar de habitantes se ha convertido en “tierra de nadie” y señalan de manera acusatoria el evidente abandono de las autoridades, tanto locales como nacionales.  En las cercanías ocupó tierras de manera ilegal un grupo autodenominado Lafken Winkul Mapu, que reclama esos territorios como solar ancestral mapuche. Nada más distante de la verdad porque los mapuches no son originarios de los faldeos orientales de la cordillera de Los Andes, en la Patagonia, sino que son oriundos de los territorios occidentales entre el cordón montañoso y el océano Pacífico, es decir, su origen está en territorio que hoy corresponde a la República de Chile. Penetraron a la Patagonia oriental en una primera avanzada, con el caudillo José Miguel Carrera en los primeros tiempos posteriores a la independencia  y fueron luego convocados, esta  vez por Juan Manuel de Rosas. Hoy estos mapuches, aunque la intención de superficie parezca simple e ingenua aunque terrible, resulta engañosa. Lo que parece bien cierto es un propósito de largo plazo: la secesión de ese territorio hoy argentino.  

Estos grupos tienen respaldo extracontinental en sus desafiantes aspiraciones, que no solo apuntan a un eventual despojo territorial que afectaría los intereses estratégicos y soberanos tanto de Buenos Aires como de Santiago, lo cual ha sido un propósito explícito de algunos de sus voceros. También confrontaría con el arraigo de los pobladores locales que habitan esas tierras desde el siglo XIX, en lo que era considerado el “desierto”. El conflicto en caliente se inició 3 años atrás con la ocupación ordenada por una “machi” -una suerte de vidente tribal- quien señaló al sitio de ocupación como lugar presuntamente sagrado. El gobierno argentino en la ocasión pretendió desalojarlos pues se posesionaron de tierras de un Parque Nacional, es decir, de un terreno fiscal. En el  enfrentamiento con la Gendarmería argentina y la Prefectura Naval falleció uno de los ocupantes, pero no hubo éxito en la aspiración de desalojo. En las semanas recientes hubo de nuevo conatos de incendio a residencias y lugares vacacionales. Los pobladores señalan que los autores son aquellos ocupantes ilegales quienes se afirmarían en sus pretensiones mediante el terror.

El uso de la  cosmogonía indígena para legitimar la usurpación y la violencia no puede considerarse un argumento legítimo ante las autoridades ni ante la ley. Más se asemeja a un recurso revulsivo y de relato neopagano que, al no tener una inferencia lógica en lo racional, se legitimaría por sí mismo a despecho de cualquier razonamiento lineal y de argumentación jurídica. Se trata entonces de una burla que pretende hacer un esguince a lo legal y a los derechos de los otros, quienes deberían estar representados por el Estado. Estos otros son los pobladores concretos y la invocación general es a la defensa de los derechos de un país que, si no los defiende, admitiría que no los tiene. En paralelo surge un problema ideológico. Los mismos problemas y más graves, perpetrados por los mapuches durante los últimos años en el lado chileno, tuvieron un tratamiento tibio por parte del gobierno de Michelle Bachelet. El discurso de los derechos humanos y las presunciones de su aplicación que predican esos sectores políticos en ejercicio de gobierno, tienden a ser concesivos en términos de permitir ciertas formas de criminalidad por parte de quienes aparecen como “vulnerables”.

Ello no obstante que esos grupos vulneran sin reatos los derechos de los demás y la misma ley en términos integrales. No reconocen un principio básico del pacto social que es aquel de que el reclamo de respeto a ciertas tradiciones y reclamos exige el cumplimiento de obligaciones. Grupos como el de los violentos mapuches no se consideran sujetos de ese tipo de exigencias propios de la modernidad y el estado de derecho. Estos operadores terroristas que se han asentado en la zona de Mascardi siguen lineamientos parecidos, si no iguales, del cabecilla Facundo Jones Huala, de nacionalidad argentina, y quien hace un tiempo fue extraditado a Chile condenado por asesinatos cometidos en ese país La prisión a Jones Huala fue por acciones perpetradas en el marco del vandalismo parecido al que se suman ahora las  agresiones ocurridas en Mascardi, efectuadas por mapuches chilenos. Entre uno y otro lado de la cordillera los terroristas están coordinados. Todos ellos recibieron en un tiempo reciente entrenamiento de las Farc colombianas, con pruebas que estaban dentro del computador que perteneció al cabecilla Raúl Reyes, abatido por la fuerza aérea del país cafetero, en un bombardeo efectuado en 2008 (aresprensa).

EL EDITOR

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* La columna Doxa expresa la posición editorial de la Agencia de Prensa ARES