ACTUALIDAD  //  LA TERCERA OREJA  //  Publicado el 17 de noviembra de 2024  //  19.00 horas, en Bogotá D.C.

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Enfermedades huérfanas, pacientes de cáncer y en proceso de diálisis, entre otras patologías extremas, podrían tener a los pacientes con esas dolencias entre las principales víctimas que puede dejar el caótico manejo del sistema de salud que ha planteado la administración de Gustavo Petro. Las alarmas que encendió la realidad así lo están determinando en un presente vergonzoso. El trágico cuadro de situación plantea la posibilidad para nada distante de la apertura de procesos en los tribunales internacionales, por crímenes de lesa humanidad contra los responsables de lo planteado. En particular sobre la cabeza de la administración y los otros ligados en el entorno, entre ellos el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque este último no es el único de la lista que podría ostentar el para nada agradable baldón de ser un criminal de lesa humanidad. Las proyecciones de los expertos en el control administrativo del sistema de salud colombiano señalan que el panorama de por sí grave, se ahondará.

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Con base en modelos estadísticos los especialistas consultados estiman que un 30 por ciento de quienes padecen enfermedades catastróficas podrían fallecer debido a las consecuencias del cuadro de situación creado por la administración vigente. Según lo estimado por la hacienda oficial el sistema de salud exige una cifra superior a los 91 billones de pesos colombianos en un periodo anual y con la machacada reforma se necesitarían más de 92 billones. Una cifra cercana a los 21 millones de dólares. Hoy en este país andino se encuentran bajo diálisis unos 850 mil afectados. Los pacientes que padecen cáncer suman 138 mil y quienes sufren afecciones huérfanas se aproximan a la cifra de 59 mil. Un gran total de unos 250 mil enfermos bajo amenaza de muerte y en capilla. La alusión constante a los “golpes blandos” y la paranoia hacia la presunción de conspiraciones, por parte del gobierno Petro, ayudarían a desviar la atención sobre los graves problemas del país, cada vez más lacerantes, y a la asunción de responsabilidades constitucionales, en mora o soslayadas.

La salud de la ciudadanía es una de esas responsabilidades. En varias jornadas del año que se apaga, familiares y defensores de los pacientes con delicadas patologías hicieron plantones frente al ministerio de Salud del país, señalando a un gobierno que tiene a estos enfermos en condición de ciudadanos parias, de tercera clase, y en riesgo supremo. Carencia de medicamentos, que no se importan, extensión en tiempos de las agendas de atención y, peor aun, una cierta laxitud comprobable en el manejo de esos casos. Un conjunto que dio materialidad a las protestas. Ya han fallecido enfermos por consecuencia de ese conjunto de factores, de los que se hace responsable al gobierno y de su controversial proyecto de reforma a la salud. La misma que ya fue rechazada por el poder legislativo y en la que se insiste, a contrapelo de las protestas. La narrativa pedestre del gobierno sobre el punto no amaina y la testarudez del Ejecutivo aparece con buena carga de desvío ideológico y partidista.

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Ya transitando la segunda mitad de su mandato, el gobierno persiste en llevar adelante aquello que genera repudio. Una reforma que, si resultase aprobada, se supone que daría votos al sector político que gobierna en la esfera nacional. Sobre todo, en el potencial elector de las regiones alejadas de las grandes urbes. El propósito ya va en trance de convertirse en un remedo de lo que fue el denostado Seguro Social. Aquel engendro que hace más de tres décadas fue disuelto como nicho de corrupción de la clase política tradicional. Ahora, entre otros aspectos y en reversa histórica, se pretende volver a que el Estado maneje los cuantiosos recursos que se brindan al sector, los que han sostenido durante tres décadas un esquema de atención al tiempo vituperado y exaltado. Es que la historia de este proceso arranca con el hundimiento del señalado Seguro y su manejo oficial, no solo por la corrupción, también por el hundimiento de los derechos a una atención digna. A inicios de la década del noventa el gobierno de entonces buscó una salida con el vigente sistema, ahora atropellado, que reunía al Estado con la empresa privada.

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Fue una maniobra estratégica que unificaba el propósito de enmienda con la iniciativa de los particulares y con respaldo de la vigilancia pública. Las cosas funcionaron mucho mejor desde entonces, aunque no se pudieron evitar corruptelas y el cierre de algunas empresas que asumieron esta delicada responsabilidad. Lo cierto es que se alcanzó, entre otros logros, a cubrir la casi totalidad de la población en las áreas urbanas, no así de igual manera a las rurales, pero con una aceptable funcionalidad. Fue una alternativa no marcada por el sesgo ideológico impugnador de la mentalidad nostálgica que es transversal en los funcionarios del gobierno vigente en Colombia. Desde esa perspectiva todo aquello que se apoye en la iniciativa privada tiene rechazo de antemano, menos la corrupción que quizá con mayor fuerza que antaño campea en los resortes y mano que orienta hoy en Colombia. La señalada mentalidad transversal se supone a sí misma heredera de la vieja ideología revolucionaria.

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Esa misma que se ha ido destiñendo desde la caída del Muro de Berlín, pero que sus actuales abanderados en la América de herencia peninsular suponen que pueden resucitarla. Esto no ya desde la perspectiva neo marxista y su apéndice cultural gramasciano, sino más bien desde la visión más cercana en el tiempo de otro nostálgico teórico italiano: Antonio (Tony) Negri. Aquel que fue militante de las violentas Brigadas Rojas parece ser el pensador de base implícita en la mentalidad de Gustavo Petro y de sus intenciones de poner a su país patas arriba, sin retorno a una normalidad que iguale, pero hacia arriba. En el difícil trance y de acuerdo con otra nostalgia, la de la lucha armada, pareciera que la consigna también bajo la cama de los enfermos es: “…que mueran los que tengan que morir…”, tal como sucede en cualquier enfrentamiento con las armas en la mano. Solo que aquí no se trata de soldados y de grupos marginales, sino de enfermos impotentes ante el crimen que acecha y en proceso de abandono por quienes tienen el mandato de auxiliarlos y de aliviar sus penurias.

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Ya hubo fallecimientos en la crisis, que pudo ser evitada, y nada indica por ahora que ese proceso se detenga, puesto que la precarización del sistema golpeado se profundiza. Una caída provocada por el estrangulamiento financiero es uno de las variables en operación, el otro factor de la debacle es el avance en las reformas, que se tramitan en el legislativo. En ese otro poder, también pareciera que la corrupción mediante compra de votos de legisladores podría de nuevo estar en marcha, así como ocurrió en el pasado inmediato. Debe recordarse aquel escándalo en la “Unidad de gestión de riesgos y desastres”, hoy con responsables bajo proceso judicial, se debió al descubrimiento de desvío de fondos para la compra de legisladores. Pero sobre este y temas similares la tendencia constante de la actual administración es la victimizarse como viejo mecanismo propio de la izquierda desnuda, cuando se le señalan sus miasmas. La vocación de mártir en discurso del primer mandatario del país no solo es constante, también lo es en la búsqueda de enemigos reales o supuestos (aresprensa).

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