ACTUALIDAD  //  LA TERCERA OREJA  //  Publicado el 21 de agosto de 2021  //  19.45 horas, en Bogotá D.C.

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No tienen solución de continuidad los escándalos repudiables y para nada graciosos que se suceden por autogeneración de la plana mayor y la subalterna que gobierna en la Argentina. Lo más escandaloso y obsceno en el escenario sobre el que se remueve y mueve la actual administración, durante estos casi dos años de gobierno, es que los responsables desafían a su propio pueblo profundizando los desatinos y el abuso. Pareciera que nada les importa o mantienen una mirada fracturada de la realidad, o ambas cosas, condimentadas con desmesurado cinismo y perfidia. Es que es el propio jefe de Estado resulta ser el abanderado de las aberraciones del poder. Alberto Fernández es el jefe formal del país argentino porque la verdadera conductora de la averiada nave del Cono sur es la vicepresidenta, doña Cristina Fernández, y ese es el escándalo de arranque porque en un país presidencialista como la Argentina no puede haber un poder institucional bicéfalo en lo concreto. Si esto ocurre, la deformación de origen produce un desgobierno.

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Un salto en el tiempo pone en escena el obsceno derrape insitucional reciente: salieron a la luz gráficas reveladoras de las fiestas en la residencia presidencial de Olivos (sector urbano en el norte del llamado Gran Buenos Aires) en plenas prohibiciones y restricciones propias de la pandemia. Las que el gobierno de Alberto Fernández había impuesto a la ciudadanía en el inicio de la emergencia. La población debía afrontar las medidas excepcionales y la tragedia, la dirigencia no. Todos debían abstenerse de reuniones por celebraciones y duelos, la dirigencia no. Ellos parecían estar por encima de ley, y algunos de los notables privilegiados así lo admitieron sin remilgos, con un comportamiento feudal frente al resto de los ciudadanos a quienes resulta evidente que irrespetan con desprecio y exposición pública para rubricarlo. Van «por todo», tal como lo afirmó la propia Cristina Fernández en su anterior gestión presiidencial y lo reafirmó hace pocos días. al señalar que necesitarán varias décadas hacia adelante para hacer lo que quieren hacer con el país que gobiernan. Ella y su facción son los talibanes del vigente proceso de subdesarrollo argentino.

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A esa secuencia de último momento en la cadena de exabruptos señalados por el código penal, siguieron las mentiras públicas, de Estado. El propio presidente llegó a afirmar que las evidencias gráficas en su contra no eran ciertas y que se trataba de una campaña de la oposición en la antesala de las elecciones de medio término. Pero las cosas se precipitaron y adquirieron una deriva de tanta repercusión pública que el propio presidente debió salir a decir que todo fue cierto, a despecho de lo afirmado en la víspera, y no tuvo empacho en echarle la culpa a su compañera, que funge como primera dama. Un remedio peor aun que los dislates previos porque, además de lo anterior, se sumó la acusación generalizada de violencia de género y la de cobardía personal. Lo ocurrido es impresentable e imperdonable para cualquiera, pero lo es más para el asediado mandatario por sus faltas éticas y a las normas penales. La cadena de barbaridades parece ser una locura que se repite como evidencia y reiteración del literario y tropical realismo mágico, pero no, sucede en la invernal Argentina.

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El año pasado para estas fechas moría de cáncer en la capital de la provincia de Córdoba una joven, Solange Musse, quien sabiendo que le quedaban pocas horas de vida pidió ver a su padre como voluntad final. El gobierno provincial a través de su policía impidió que el pedido se cumpliera por las restricciones impuestas vía decreto de emergencia, dictado por el presidente Alberto Fernández. Solange murió sin ese consuelo postrero, ello no obstante que eran legítimos tanto la voluntad de la víctima como los certificados médicos que presentó el padre, Pablo, para acreditar que estaba libre de virus. El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, es de la misma cuerda de quienes conducen la nave argentina hacia el iceberg inmediato desde Buenos Aires, sin dejar de echar combustible en las calderas de la indiganción colectiva, ni darle giro distinto al timón. No pueden dejar de hacerlo porque estan determinados por la propia miseria humana que se les conocía desde antes y ello no fue obstáculo para que sus seguidores los votaran. La de Argentina es otra más en el continente de esas democracias defectuosas en nota de perversidad.

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Pero es la democracia y se debe respetar aunque no sea posible hacerlo con sus representantes. Son ellos inválidos de credibilidad y dignidad, por mano y decisión propia, además de protagonistas y victimarios en esta corta reseña. El presidente argentino, y su vice en los papeles, no son los únicos. Hace pocos meses Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, (Inadi), fue denunciada por una empleada doméstica que le había servido durante varios años en el interior de su hogar. La denuncia fue por «fraude a la administración, incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos». La lista de cargos fue por hechos contra la dignidad de la persona vulnerada y por haberle ofrecido una «paloma» en la administración pública, como extorsión para que la víctima en indefensión depusiera su actitud de reclamar respeto a derechos atropellados y así evitar también los eventuales cargos judiciales que sobrevendrían por los excesos y el propósito de manipulación a la víctima. Las fechorías de Donda fueron soslayadas por jueces y fiscales adictos al regimen.

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Son funcionarios de una secta judicial kirchnerista agrupados en una organización llamada «Justicia legítima» (¡¿legítima?!), conformada por el ala militante y afín al gobierno en el poder judicial, sesgada en lo ideológico y dirigida a la protección de los dirigentes políticos de su banda, al tiempo que aseguradora de impunidad para sus delitos. En el caso Donda, los togados de la secta olvidaron incluso que el delito de la directora denunciada era opuesto a los principios que deberían guiar la acción preventiva y reparadora del Inadi, que ella encabeza. Ninguna de las organizaciones defensoras de género, o de defensa de la mujer y los derechos humanos dijo una palabra en contra de la desmesura del hecho punible, pues en buen número están cooptados por el ofiialismo. Tampoco cumplió Donda su obligación de asumir la lucha contra la discriminación y la xenofobia. Al pagarle a la damnificada salarios en negro y por fuera de la ley, erosionó Donda las condiciones vitales de la descriminaba y ejerció xenofobia, pues la trabajadora es boliviana. Un esterotipo cultural entre los argentinos condiciona a los migrantes de países limítrofes.

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Ellos, en particular bolivianos y paraguayos migrantes acorralados en sus países por la pobreza, suelen estar condenados a hacer los oficios marginales que los nativos del país son resistentes a realizar. Un flujo constante de personas que era casi natural e inercial hasta hace unas pocas décadas atrás, cuando la Argentina tenía una fuerte clase media y apenas un 3 por ciento de pobreza. Hoy el país tiene a la mitad de sus habitantes por debajo de la línea de necesidades básicas insatisfechas y un hundimiento social y económico que se sigue profundizando en un panorama de la historia reciente que tiene al peronismo ahora radicalizado, como el que más ha controlado el poder en las casi cuatro décadas de democracia. Son los herederos del viejo caudillo que falleció en 1974, quienes en buena medida tienen responsabilidad casi absoluta de lo que ocurrió y ocurre desde tiempos recientes: el desmoronamiento sin término de lo que fue la poderosa y orgullosa Argentina. Como ala radicalizada y casi excrecencia del peronismo tradicional los miembros del kirchnerismo están dispuestos a calcificarse en el control del país y carecen de escrúpulos para no atropellar la ley que los frene (aresprensa).

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VÍNCULO : GUERRA FRÍA CON VACUNAS  //  TWITTER Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

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