PATRIMONIOS CULTURALES  //  LENGUA ESPAÑOLA EN FILIPINAS  //  Publicado el 31 de enero de 2022  //  22.30 horas, en Bogotá D.C.  //  11.30 horas del 01 de febrero, en la República de Filipinas

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Beijing aprieta en Hong Kong con el autoritarismo que lo caracteriza, y el mensaje que envía no solo es para los residentes locales, nativos o extranjeros, también lo es para Occidente y para  los vecinos. Entre estos vecinos el dedo y el puño levantado se dirigen hacia Taiwán y en parte a Filipinas. Pero no solo a ellos. Lo que sucede en el occidente del gigante, con el ahogo de la minoría musulmana de  los iures, endurece la política exterior de la China continental y la crisis reciente en el vecino Kazajistán aumenta las prevenciones y el tirar de la cuerda que asfixia a las zonas de crisis, en las que la antigua posesión británica es relevante. Bajo ese sino la libertad de expresión es una de las garantías ciudadanas en asedio que produce mayor encono en la dirigencia que encabeza Xi Jinping. El cierre hace pocas semanas el medio electrónico “Citizen news” fue la culminación de una seguidilla de cierres de medios de comunicación, por la captura o amedrentamiento de los editores, después de las draconianas normas impuestas desde la capital continental. La libertad de expresion está cancelada en la práctica en el puerto y zona autónoma del sur del país, y con ella también se siegan las protestas callejeras que hasta hace poco tiempo eran moneda corriente en las calles de la ciudad, ventana y aire de costumbres y visión de mundo occidentales aunque con ojos rasgados.

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Escribe: Néstor DÍAZ VIDELA

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El proceso restrictivo ha sido rápido y contundente, poco meses antes del estallido pandémico se produjeron en la urbe una serie de masivas expresiones callejeras por los riesgos que se incrementaban contra las libertades democráticas. Eso a despecho de las garantías que al respecto había firmado Beijin con Londres, como condición para la cesión de soberanía por parte de los europeos. Las protestas se precipitaron a mediados de 2019, dos décadas largas después del retiro de los británicos de su centenario enclave, que se produjo el 1 de julio de 1997. Desde siempre se dudó del cumplimiento de la promesa china que, con base en el acuerdo británico chino, debía mantener el estado de cosas durante medio siglo, es decir hasta el 2047. La repulsa surgió cuando se conoció un proyecto de Ley de extradición que buscaba imponer una justicia imperante en el resto de China, la que por naturaleza es contrapuesta a la existente en Hong Kong, pues esta tomaba como modelo a las garantías democráticas occidentales. La extradición tenía nombres propios: aquellos que pudieren aparecer como críticos del gobierno central, quienes para el autoritario régimen son delincuentes y traidores. Después todo se precipitó.

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Un año más tarde  apareció la Ley de seguridad nacional que completó el asedio vía judicial contra las libertades, y en la que se ponía en penalidad lo que para las autoridades pudiese ser terrorismo o traición al país, en alianza con intereses “extranjeros”. No debe olvidarse que esa autoridad es suprema en la figura de Xi Jinping, quien en la práctica ejerce como un dictador en el sentido pleno de la expresión y el concepto. Es Secretario general del comité central del partido comunista desde 2012, presidente de la República popular desde 2013, presidente de la Comisión  militar central china y comandante en jefe de todas fuerzas militares y de seguridad. Además, en 2018 hizo reformar la Constitución permitiendo la reelección indefinida de su cargo principal al frente de China. Eso es, todo el poder en sí mismo. A partir de esa concentración en tal ejercicio y culto personal, hace lo que hizo, dejando atrás el modelo de garantías que existía en el que fue enclave británico: “dos modelos, una China”.  Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación comenzaron a silenciarse y varios de sus representantes más allá de la autocensura se exiliaron o cayeron presos.  

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La aludida Ley de seguridad es un decálogo de legitimación de la represión. Entre otras perlas de la negación de libertades “faculta [a Beijing] a extender sobre Hong Kong algunas de las herramientas de control social”, afirma Patrick Poon* especialista chino en Derechos humanos. Esto incluye la creación de agencias de espionaje a ciudadanos, la denegación del derecho al juicio justo, amplios poderes a la policía, incremento de restricciones  a la sociedad civil y a los medios de comunicación, al tiempo que debilita el control judicial en lo que hace a arbitrariedades, posibles bajo este marco, por parte de la autoridad. En esta sucesión de golpes se socavaron los pilares del estado de derecho y las garantías a los ciudadanos locales. Todos los que estaban consagrados en la Constitución que aunque de facto, era propia de los habitantes de la ciudad que fue libre. Además, el ukase violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es parte de la regulación jurídica de Hong Kong y que ha pasado a ser letra muerta. O, mejor, papel mojado bajo el peso de la disposición dictatorial. En el año siguiente y de manera encadenada comenzaron a precipitarse los efectos.

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Meses después, en diciembre pasado, ya en vigencia la aludida ley represiva y violadora de derechos se realizaron unas elecciones amañadas y “solo para patriotas” ** que no contaron con la participación de más de un 30 por ciento de un electorado que concentra en padrón a 4 millones y medio de votantes. Casi en simultáneo, en la universidad local se retiró el monumento a las víctimas de la pekinesa  plaza de Tiananmen, que para ambos bandos tiene un alto valor simbólico pero opuesto. Para el autoritario poder popular chino es el emblema de la divergencia y desobediencia civil, al tiempo que para los otros es símbolo mayor de las libertades ahogadas en sangre. El suceso evocado sucedió en Beijing, en el inicio de junio de 1989, en tiempos de derrumbe de la Unión Soviética, caída del Muro de Berlín y exaltación de búsqueda de libertades en países sometidos por “gobiernos del pueblo”, eufemismo de las dictaduras de izquierda. Se supone por fuentes extraoficiales que la represión del ejército chino dejó millares de muertos. Ahora, en Hong Kong, la reforma del sistema electoral con el fin de adaptarlo a los requerimientos del poder central fue seguido por la persecución directa a todo aquello que huela a divergencia.

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En las redadas consecuentes han caído varios centenares de activistas y defensores de libertades así como de derechos humanos. Los blancos de los ataques se sucedieron contra las ONG, los sindicatos y en el final de la cadena los medios de comunicación. Aunque la libertad de expresión está garantizada por la ley básica de Hong Kong, puede decirse que esta ya desapareció de la realidad concreta. Reporteros sin Fronteras señaló en fecha reciente que en el índice de la  libertad de prensa la ciudad china ha caído en 60 renglones, desde el inicio de siglo a la fecha.  El cierre de “Apple day”, ocurrido a mediados del año pasado fue un trágico campanazo. Sus directivos fueron apresados, según la línea de la ley de seguridad. Este periódico en papel y en soporte tecnológico fue uno de los grandes medios de oposición y uno de los más populares de la urbe. Tenía unos tres millones de seguidores sobre una población total de 7 millones y medio. En diciembre pasado la policía allanó la sede “Stand news”, congeló sus cuentas y detuvo a algunos de sus directivos y redactores jefes. A comienzos de este  enero ocurrió lo propio con “Citizen news”. Ambos medios eran defensores de minorías rechazadas por el poder central (aresprensa).

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* Véase, en: Civicus monitor. Hong Kong: la Ley de seguridad nacional viola la libertad de expresión..., (agosto, 27, 2920) // [on line]

**  Véase: BONET BAILÉN, Imma. La Democracia se apaga en hong kong. El País. Madrid. (08, ene. 2022) [on line]

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VÍNCULO : REEMPLAZO PARA DUTERTE

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