ACTUALIDAD  //  DOXA * //  Publicado el 30 de septiembre de 2020  //  19.15 horas, en Bogotá D.C.

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Un reciente fallo de la más alta corte de justicia colombiana se asemeja a un microgolpe de estado. No es el primero en los últimos años que propina esta jurisdicción a la legitimidad institucional, y por la tendencia que se observa no será el último. En la práctica, lo que señala la Corte Suprema con su fallo de la semana pasada sobre lo correspondiente al obrar de la policía frente a quienes la desafían en las calles es, poco menos, el de que los policías se presenten sin posibilidad de defensa alguna ante sus agresores. Es el mundo al revés. Más allá de los meandros de sentido de una decisión como esta, camuflada en el lenguaje melifluo propio  de los abogados, la síntesis del fallo restringe la portación y uso de armas de baja letalidad a la policía del país. Algo así como el exponer a sus hombres como carne de primera línea para el escarnio y la muerte, sin defensa alguna, y propiciando, o mejor estimulando, el asesinato de los uniformados. Eso sin contar, en la gravedad de la decisión judicial, al hecho de que se avanza hacia los otros poderes del estado con un mayor empoderamiento propio que pareciera inclinarse a los facciosos. La presencia de una policía militarizada en los ámbitos donde ellos actúan hace evidente por presente y por historia que debe operar frente a una criminalidad desbordada, así como contra la subversión explícita. Esa sí con licencia ficta para matar, en campos y ciudades. La contingencia exige el resguardo de los derechos humanos a los que ellos, los policías, también tienen derecho por su vida y su seguridad jurídica. Debe dejarse en claro la necesidad de protección del Estado al conjunto social porque esa es una de las obligaciones fundamentales para que se cumplan garantías y los deberes que también tienen los ciudadanos.

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La fuerza legítima del Estado es lo que debe también proteger la justicia y una eventual marcha en contrario es lo que hace más que sospechosa esta decisión emanada hace pocos días de la Corte. No importan los cambios que se produzcan en los cargos de magistrados de esas altas cortes, muchos sectores de la ciudadanía sienten que esas instancias de la justicia están aportando a la disolución del estado derecho, en paralelo con quienes están de manera abierta por la erosión mayor de esas instituciones democráticas. Es cierto que tales instancias muestran también un sesgo de curiosa politización desde que se decidieron a dar mensajes equívocos a la sociedad a través de sus fallos y, cada vez más, se intuye que son proclives a quienes impugnan los pilares de la estabilidad. No son solo sus propios excesos y sus lamentos ante el desprestigio autoprovocado con decisiones de dudosa deriva y con sus mañas y corruptelas tan señaladas como evidentes, a lo largo de los últimos años por los medios y por la opinión generalizada del país.

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Además, es frecuente el guiño a quienes están o han estado hasta ayer del lado de la ilegalidad. No hace falta volver a relatar aquello de que algunos de esos magistrados de la víspera, carecen de visa a los Estados Unidos por trapisondas sabidas e inconfesables con punto de partida en la perfidia, sino que las delirantes decisiones recientes -como esta en contra de uno de los fundamentos de la seguridad del país y de la ciudadanía- nada expresan frente a los riesgos que día a día afrontan estos uniformados ante los factores que de manera constante los desafían y los impugnan sin tapabocas pero con capuchas y también armas. No pocos de estos hombres que miran en minusvalía a quienes cumplen con la misión y el esfuerzo por contener al tiempo tanto a delincuencia como a subversión, ya ni siquiera se ocultan en el oportunismo político ni entre las tenebrosas filas de quienes portan armas en la ilegalidad; lo hacen a cara descubierta y desde la propia institucionalidad, como algunos personajes bien conocidos del poder político y del legislativo del país.

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El espacio de esta Agencia en Facebook muestra a algunos de ellos. Eso de los micro golpes de estado al resto del edificio institucional podría marcar un antes y un después con el fallo de referencia por aparecer como un ápice de los malos pasos de las cortes en contra de la misma sociedad a la que deberían dar ejemplo de probidad. Un antecedente claro de lo expuesto fue cuando los magistrados decidieron rechazar ternas para un nuevo Fiscal general de la nación, al cerrarse la primera década del nuevo siglo que corre. No es que no hubiesen sucedido irregularidades desestabilizantes antes, es que esa del alzamiento contra otro poder del Estado fue mayúscula y revulsiva. De la misma manera lo ha sido este fallo para debilitar la respuesta de la institución policial. El encono de aquellos magistrados al titular del Ejecutivo de ese entonces, hace una década, no tuvo mejor evidencia que esa forma de rebeldía y de asonada a contrapelo de las instituciones, como lo fue el no nombramiento del fiscal. Una manera desafiante además de intervenir en política y en los otros poderes del Estado. Otra fue con perfidia el hacer caso omiso, aunque fuese de manera parcial, a la decisión soberana del máximo exponente de una democracia, el voto soberano, en el rechazo plebiscitario de octubre de 2016 al publicitado “acuerdo de paz”.

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Aquel que firmó el titular de la gestión de Estado anterior con la cúpula de un sector de la organización ilegal armada Farc. La maniobra de las cortes, imperturbables contra la decisión de un pueblo que requiere de su justicia, optó con un plumazo por desconocer de manera felina y golpista al veredicto de las urnas y siguió adelante con un acuerdo negociado para dar una victoria en la mesa a quienes habían perdido su batalla -la que la subversión había planteado en el terreno- y así han sido las consecuencias que ahora se observan. Entre ellas la negativa al reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad de los ahora desarmados, en el ámbito de una justicia paralela dispuesta para ellos. Los derrotados que al final obtuvieron una victoria que les fue esquiva con las amas en la mano fueron beneficiados por la jurisdicción golpista de las cortes, pero que sigue siendo pírrica para quienes están ahora en legalidad como camino alterno de “otra” de las formas de lucha.

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Es pírrica debido a que  por el momento los que desafiaron el estado de derecho con violencia extrema e indiscriminada, siguen teniendo a su contra el rechazo social que se ha expresado en las urnas. Fueron cuatro magistrados de la Sala de casación civil los que decidieron dejar sin dientes ni manos a la policía, privándola de las armas de baja letalidad ante la ferocidad de la subversión que se enmascara en las protestas ciudadanas y causan contra la civilidad los daños que pudieron ser apreciados en toda su magnitud, en la primera quincena del mes que hoy concluye. Hubo apenas dos magistrados que tuvieron el decoro de dejar de declinar su voto para no caer en la desvergüenza de los otros, los que prefirieron dejar curso libre a la barbarie desatada en las calles y dejar además con escaso piso y el necesario apoyo a quienes incluso deben proteger a los del voto vesánico. Ya se ha sabido de que al menos casi mil quinientos milicianos operan en Bogotá bajo mando tapado de armados ilegales, para seguir interviniendo en las marchas ciudadanas y, a veces, hasta promoviéndolas (aresprensa).

EL EDITOR

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* La columna Doxa expone la posición editorial de la Agencia de prensa ARES  

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VÍNCULO : BEIRUT A RECONSTRUCCIÓN

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