COLOMBIA, ¿NARCOESTADO INDÍGENA? |
ACTUALIDAD // LA TERCERA OREJA // Publicado el 20 de octubre de 2020 // 15.00 horas, en Bogotá D.C.
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Aquello que se escucha aunque se diga en voz baja
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(El chisme no es la verdad, pero sus elementos implícitos pueden ayudar a reconstruirla)
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Esta sección le debe su nombre a un famoso programa radial de misterio que se emitía en Chile por los años 60. Esa es única deuda que tenemos con la prestigiosa radiofonía chilena. Hecho el ajuste de cuentas, debe decirse que, aquí, el espacio está destinado a la picaresca que disuelve nuestra seria política editorial. El único misterio es el propio que encierra todo chisme.
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Todo árbol está predeterminado por la genética para jamás aburrirse.
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COLOMBIA, ¿NARCOESTADO INDÍGENA?
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La masiva movilización de la llamada “minga” * indígena se desplazó hasta Cali desde sus predios bien al sur de esta ciudad, la principal de esa región colombiana. Eso ocurrió al cerrarse la primera semana de octubre. Esas minorías ocupan desde tiempos prehispánicos un espacio territorial sobre el cual las comunidades ejercen un control que hoy se parece a una suerte de soberanía más que a una autonomía, proclamada y concedida por el estado central a partir de la constitución de 1991. Allí se desarrolla en crecimiento vertiginoso la industria de los narcóticos en todas sus etapas. La aludida autonomía y el rechazo amplio a la presencia de la autoridad, en particular de la fuerza pública, al tiempo que las imposiciones de los ejércitos particulares que amparan la industria, también aumenta la ola de asesinatos de quienes no participan de tal economía ilícita.
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Ello en colusión con la subversión y los restantes factores de violencia vinculados. Las armas sofisticadas y las camionetas de alta gama conducidas por jóvenes reemplazan ahora el paisaje, la autoridad de los ancianos y el trato cotidiano de lo que fueron costumbres ancestrales. Bajo el amparo de la organización Cric, las columnas de automotores que transportan a los movilizados llegaron finalmente a Bogotá el fin de semana anterior, para mantener los requerimientos coercitivos al presidente de la República. Se trata de una suerte de juicio político que se pretende llevar adelante desde fines del año anterior. Esa llegada a la capital del país de unas 8 mil personas de raíz indígena, coincide con la fecha de un paro general nacional que preparan las principales centrales sindicales y organizaciones similares. Son demasiadas coincidencias, y el encono que contiene el desafío parece dejar de lado incluso el riesgo letal del contagio pandémico.
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Un ejercicio de control territorial parcial es el que ejercen las etnias, con influencia que se extiende hasta la frontera con Ecuador. Este gran ámbito abarca los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. Un área demasiado grande para la industria turbia que allí se desarrolla: el narcotráfico en todas sus fases. Desde el cultivo al proceso y desde ese tramo a la exportación por el Pacífico con destino a Centroamérica o México y, de allí, al punto final en América del Norte. En definitiva y en la presunción de que esta expresión masiva de los indígenas reclamantes no recibió la respuesta del gobierno que ellos esperaban, decidieron proseguir su marcha, que terminó, en la urbe capitalina. Esa presencia multitudinaria que coincide con el paro nacional llena de inquietud a todos los sectores sociales y a la población que no participa de estas manifestaciones que suelen terminar mal, como ha ocurrido en el pasado inmediato. Esos departamentos que tienen presencia fuerte indígena ocupan una superficie de casi 90 mil quilómetros cuadrados. Eso es algo menos de un 10 por ciento de la superficie total del país.
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La coincidencia de coyuntura entre indígenas y trabajadores traza una línea que arranca desde fines del año anterior con una serie de marchas, movilizaciones y corte de carreteras, en protesta frente a las políticas del gobierno y de incumplimientos que se supone la administración de Iván Duque mantiene sobre estos sectores sociales. Varias de las señaladas expresiones han terminado en acendrado vandalismo y violencia con víctimas fatales. Las acusaciones por estos hechos de alteración del orden público y sus consecuencias trágicas, se han multiplicado entre dos grandes corrientes: una que de manera tácita plantea la posibilidad de firmeza ante la presunción de una creciente ola de agitación y vaciamiento institucional y la otra, en un frente amplio que va desde el poder judicial, al legislativo y las organizaciones sociales -además de la violencia que aumenta- que confronta de manera dura con el ejecutivo y las fuerzas políticas que lo respaldan. Todo en el marco de una profunda distancia entre ambas posiciones que no siempre aparecen con límites y posiciones claras, salvo en lo que hace a la impugnación radical.
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En lenguaje cotidiano del país a esta situación se la conoce como “polarización” o grieta. Pero mientras también crecen las muertes selectivas y los hechos de violencia letal y puntual a lo largo del país, la coincidencia entre las organizaciones sindicales y las columnas indígenas no anuncian nada bueno en la semana que corre. La muerte de un desmovilizado de las Farc hace pocos días, en una zona rural del oriente del país eleva hasta el sábado pasado la cifra de 234 muertes de antiguos armados ilegales que se acogieron al desarme y pacificación. Aquello que fue acordado con la administración previa del presidente Juan Manuel Santos. Los dirigentes nativos de las minorías ancestrales -o que se definen como tales- afirman haber puesto en marcha a unos 10 mil de sus seguidores, capacidad de movilización que también llama la atención de observadores independientes. Ello debido a que es necesaria una gigantesca capacidad logística y financiera para generar tal manifestación masiva. Ante las preguntas al respecto surgen las hipótesis más inquietantes, debido además a que del lado impugnador no hay sobre el tema respuestas plenas y claras.
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Tal capacidad de desplazamiento multitudinario que incluye a miles de personas, exigiría una disponibilidad de unos dos millones de dólares, uno sobre otro, tan solo para el pago del transporte y la alimentación. Eso, sin contar el alojamiento complementario y apoyo humanitario que las gobernaciones y de las restantes jurisdicciones administrativas locales pusieron en disponibilidad al paso de la marcha, tanto para la ida como para el eventual retorno. La respuesta sobre este punto concreto y sobre el contexto de alteración posible del orden público en el corazón del país, en conjunto con la inquietud diametral por el retorno de violencia repetida a lo largo y ancho de la geografía colombiana, tiene para el caso de esta sorprendente masividad del desafío indígena una inferencia inevitable: el dinero de las industrias ilegales sostiene a estas marchas que surgen en los territorios donde se iniciaron. Esto hace estimar que tales movimientos alientan el debilitar, más aun, la acción del estado contra el narcotráfico.
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De hecho, en esas comunidades autónomas se rechaza la presencia del ejército, la policía y cualquier otra posibilidad que combata la economía ilegal. Es en esos puntos donde esa industria está asentada, crece y se desarrolla. Tal rechazo a la fuerza pública se efectúa a veces con explícitas expresiones de violencia y no solo de grupos subversivos y de protección a la labor del narcotraficante, sino también de núcleos de población dedicados al cultivo y labor al margen de la ley. Si se observan los puntos de exigencias de la dirigencia indígena para fundamentar estas movilizaciones y protesta reiterada, inquieta que sea habitual el que se pida la desmilitarización del territorio que ellos ocupan por mandato constitucional, pero donde debería ejercer soberanía el propio estado nacional, con su fuerza legítima incluida. En paralelo, no se condena a los ilegales armados que se mueven sin obstáculos por esas tierras rebosadas de cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento. Algo similar aparece en las declaraciones de los indígenas sobre los asesinatos secuenciales en sus tierras.
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Protestan por la muerte de sus líderes y culpan de tal fatalidad sumada al Estado, pero hacen silencio sobre el accionar de los armados facciosos y de su responsabilidad en la ocurrencia de esos crímenes. En algunos casos esos asesinatos han sido selectivos, en otros masacres. Lo gaseoso de las demandas de los movilizados y el apoyo hirsuto de lideres políticos en superficie, con declaraciones a veces de clara alusión subversiva, no dejan dudas sobre lo que ocurre. Además, lo hacen las vallas a la vista de todos, así como lo hacen las banderas de organizaciones terroristas que a veces los acompañan, lo que señala sin eufemismos la direccionalidad de esta dinámica. También lo señaló una pancarta convocando al asesinato de un ex presidente de la república. Todo esto expone lo que se mueve por debajo de superficie pero que no pasa inadvertido para el avisado, junto con el propósito central de unos dirigentes de movilización que indican de manera explícita que sus aspiraciones no son reivindicativas sino políticas (aresprensa).
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* Minga es un vocablo de origen quechua que usan estos actores indígenas para definir las acciones colectivas de interés comunitario. Es normal entonces que se use el vocablo para el trabajo social de interés compartido. En su origen, el término no abarcaba formas de confrontación y protesta como las vigentes, pero se ha hecho una ampliación del sentido que desfigura su carga de significación original.
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