ACTUALIDAD  // Publicado el 30 de abril de 2021 //  22.00 horas, en Bogotá D.C. 

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La jornada de protesta que se efectuó el pasado 28 de abril, convocada por las centrales de trabajadores y otras organizaciones nucleadas en el llamado Comité nacional de paro, se realizó cuando la letalidad del virus que cachetea ciegamente al país andino, como al resto de la región, alcanzó en Colombia el máximo de víctimas fatales: casi medio millar. Una cifra trágica que acobardaría a cualquiera pero que no amilanó ni a los organizadores ni a los operadores del terror -mal llamados vándalos- que se camuflan y enmascaran de manera recurrente en estas marchas y paro de labores. Era de esperar que se produjesen los desmanes y ataques criminales en todas direcciones, porque los encapuchados han estado ahi de forma permanente y tienen claro el momento y el punto preciso para golpear, generar caos y daños a personas y a bienes tanto públicos como privados. Eso además del derrumbe de la confianza en la institucionalidad. Lo cual incluye instituciones legítimas como son las centrales de trabajadores. No faltan motivos para la protesta ciudadana. La sordera, ceguera y tosudez del gobierno de Iván Duque ante los reclamos y la emergencia general precipitaron una repulsa que se definió con una inoportuna reforma tributaria la que, con otro nombre, recibió el rechazo de la representación política en su conjunto, incluido el propio partido de gobierno y de la gente en las calles. Una mentada organización Dignidad de los indígenas fue señalada como responsable de parte de la asonada terrorista en Cali. La presencia de representantes subversivos en la organización superestructural de estas manifestaciones volvería cómplices a las instituciones legítimas de los trabajadores con la acción de los grupos violentos que pretenden disolver la democracia.

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Escribe: Rubén HIDALGO

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Las marchas y paro de actividades tuvo su punto mas caliente en Cali, al suroccidente del país. También Bogotá y Medellín sufrieron los atropellos de los grupos de acción directa que, al mejor estilo mussoliniano, se dedicaron a sembrar terror y desconcierto, con saldo de víctimas fatales. No solo eso, hubo grupos de indígenas que sin empacho se dedicaron a violentar bienes de todos. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló en directo a una de las organizaciones responsables de la jornada terrorista que vivió desde la mañana de ese día la ciudad y los acusó de no dar la cara ante las tropelías desestabilizantes de la normalidad cotidiana de quienes no aceptan participar de los atropellos y que, además, desarmados los rechazan. Pedro Velasco, cabeza visible de la comunidad ancestral misak aceptó de manera abierta que las acciones de sus seguidores habían sido organizadas por esas cabezas visibles y que eran parte de una reivindicación y desafío al poder. Debe imaginarse que la impugnadora afirmación del mencionado sujeto, se hizo en nombre propio y de quienes cumplen sus bárbaras directivas, también sediciosas.

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Debe suponerse además, que el dirigente indígena se refiere al poder del imaginario democrático vigente, que él rechaza cuando no le conviene pero que reconoce cuando pretende que se les acepten sus dislates marginales, entre ellos el de su concepción de los derechos. Ellos pretenden reivindicaciones tradicionales de esas etnias y de sus “derechos”, olvidando que la doctrina de esos derechos y su reconocimiento universal es parte del modelo democrático moderno y que las costumbres prehispánicas, si así pudiese decirse, no eran un muestrario de virtudes en lo que hace a justicia y equidad. Solo una mirada pueril y sesgada el pasado puede hacer que se haga esa mixtura caprichosa de reclamos propios de la modernidad injertado con una presunta pureza premoderna, ligada con conquistas sociales. En esa visión anida también el atropello, como quedó de relieve en el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de Cali. Después siguieron los desmanes generalizados y programados en distintos distritos de la urbe.

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Cali es la tercera ciudad en importancia del país y alberga con su conurbano una cifra cercana a los dos millones de habitantes. Los daños provocados durante la jornada terrorista, con sus acciones depredadoras, dejaron pérdidas superiores a los 80 mil millones de pesos colombianos. Eso en dólares es una cifra superior a los 21 millones. Cali tiene una grave situación que, además de la marginalidad social aumentada por ser una zona de asiento migratorio, afronta una variable geográfica de la que no tiene escape para hacer frente a los arrogantes nuevos déspotas que tienen al pasado como oportunista referente ideal del futuro: limita al sur con una zona indígena en permanente agitación. que es casi un estado independiente reconocido por la Constitución del país, después de la reforma de 1991. Un cambio institucional que, alentado por la que fue organización subversiva M19, logró introducir reformas de legitimidad en una región en la que esa organización ilegal tuvo fuerte influencia antes de disolverse como grupo armado impugnador.

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Hoy en ese sector del país, una parte de la dirigencia ancestral y también de sus seguidores, tiene una visión transversal cercana o con vínculo directo con otras organizaciones subversivas y narcotraficantes que allí operan. La degradación moral y social de la industria de narcóticos, así como una nunca desmentida complicidad y participación en actividades terroristas se halla al tiempo cada vez más cercana a la intención de secesión de Colombia. Tales dominios territoriales con población alineada en esa perspectiva disolvente, que incluye unas formas de justicia privada presuntamente “tradicional”, son cada vez más incontrolables por los gobiernos tanto nacional como seccionales y alcanzan hasta la frontera con Ecuador. Allí, en cercanías de donde estuvo el campamento de instrucción criminal a cargo de quien fue en vida alias Raúl Reyes, jefe principal de las disueltas Farc, pero redivivas en las llamadas “disidencias”. Estas últimas anidan con comodidad en los territorios “liberados” de los indígenas, al igual que las montoneras del llamado Eln, junto con otros grupos subversivos y de delincuencia a secas.

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Son ellos los que movilizan las variadas formas de ilegalidad así como protegen y estimulan el estigma del narcotráfico, pero debe señalarse que esto en colusión con parte de las comunidades indígenas. La asonada sediciosa ya desprendida del disparador que fue el paro del frente sindical, ahora ya aparece en manos del fogoneo terrorista pleno. Pasto fue el siguiente campo de confrontación extendido, precisamente en ese segmento inestable del sur colombiano y sobre el borde que separa al país afectado con su vecino. El mismo que acaba de elegir a un presidente que rechaza de manera vertical al terrorismo y considera que fue “legítimo” el ataque colombiano de hace 13 años, que puso fuera de combate al terrorista “Raúl Reyes”. Eso ocurrió al borde del límite con el mencionado país vecino. La turbulencia y barbarie sediciosa ha continuado en los otros puntos afectados del país, incluida su capital. Las centrales sindicales conocen a quienes favorecen al terrorismo, porque estos están representados en el ya mencionado Comité que los reúne. Los dirigentes sindicales les llaman “la grupería” y si están allí es porque están reconocidos y enquistados, no inflitrados (aresprensa).

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VÍNCULOS : COLOMBIA - VENEZUELA, UNA GUERRA ASIMÉTRICA  //  COLOMBIA, ¿NARCOESTADO INDÍGENA?